MG. MARCELO GALLEGOS FUENTES
mgallegos@ubiobio.cl

DRA. CARMEN GLORIA JARPA ARRIAGADA
cjarpa@ubiobio.cl
Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile.

DOI: http://doi.org/10.29035/ucmaule.53.59

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RESUMEN

El presente artículo examina, desde una mirada crítica, la implementación de la política social en Chile en las áreas de infancia y abuso sexual infantil, explorando las tensiones existentes en la construcción de la intervención en los dispositivos profesionales de mediación social. La tesis planteada se basa en que existe una artículación de la política social desde una lógica lineal descendente/ascendente que genera fragmentación y dificultades al momento de promover un intercambio activo entre los distintos actores que participan en el proceso de discusión-diseño-implementación-evaluación de la intervención social. Esto, a su vez, debilita la posibilidad de los equipos profesionales de traducir los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña en orientaciones claras, que recojan en la práctica los códigos y significados que potencien su impacto en la vida cotidiana. El aporte principal de este trabajo es promover el análisis en torno a esta problemática con el objetivo de visibilizar su alcance en la coherencia de los servicios entregados.

Palabras clave: Políticas sociales, Infancia, Intervención psicosocial, tensiones.
   

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ABSTRACT

This article examines from a critical perspective the implementation of social policy in Chile in the areas of children and child sexual abuse, exploring the tensions emerging in the construction of the intervention in the professional devices involved in social mediation. The thesis sustained is based on the fact that there is an articulation of the social policy from a descending / ascending linear logic, which generates fragmentation and difficulties in promoting an active partenership among the various actors involved in the discussion-design-implementation-evaluation of social intervention process. At the same time, these difficulties weakens the professional teams abilities to translate the principles of the Convention of Childhood Rights into clear guidelines to collect the codes and meanings to enhance their impact on everyday life. The main contribution of this paper is to promote discussion around these issues in order to visualize its impact on the consistency of services delivered.

Keywords: Social policy, Childhood, Psychosocial intervention, tensions.
 

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1.    INTRODUCCIÓN

En Chile, desde la recuperación de la democracia en la década de los noventa, se inició un proceso de revisión de los servicios sociales dirigidos a la población más vulnerable del país; ese proceso se orientó, por un lado, a disminuir los altos niveles de pobreza y, por otro, a avanzar hacia una mayor equidad en la repartición de la riqueza. Según Raczynski (1994), cuando Chile llega a los años noventa contaba con una estrategia social coherente y elaborada, pero solo a nivel del discurso. Lo anterior, de acuerdo con la autora, se tradujo en decisiones políticas y económicas que respaldaron programas sociales innovadores, sin embargo, la estrategia mostró dispersión en la implementación, observándose logros y éxitos inmediatos, pero poniendo en tela de juicio los resultados a mediano y largo plazo.

De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que desde aquella época nuestro país adscribió una política social sustentada en un paradigma de progresiva retirada del Estado, esto es, se transitó desde la concepción keynesiana del bienestar hacia una política social basada en una concepción de Estado neoliberal moderado (Aguirre, 2009). En efecto, Donoso (2000) afirma que la política social asumió una orientación básicamente dirigida a la planificación y gestión de sectores sociales en las áreas de educación, salud, vivienda y a la atención de determinados grupos objetivo (niños, mujeres, jóvenes) con el propósito de reducir las profundas desigualdades sociales heredadas de la Dictadura militar. Con respecto a la disminución de la pobreza, hemos sido testigos de grandes avances. En efecto, desde el año 1990 al año 2011, la pobreza disminuyó desde un 38,6 % a un 14,4 %, mientras que la extrema pobreza se sitúa hoy en un 2,8 % . En relación a la equidad, específicamente en lo relativo a la distribución de la riqueza, podemos constatar que se trata de una tarea pendiente, pues esta sigue en manos de unos pocos (Aguirre, 2009).

Por otra parte, estos avances en el nuevo contexto democrático sentaron la base de una incipiente búsqueda de recuperación de derechos civiles y políticos por parte de la ciudadanía, reclamando en los últimos años un proceso de transición, que no solo se focalice en las correcciones del modelo económico, sino en aquellos aspectos que regulan directamente la relación del Estado con sus ciudadanos. En esta línea, podemos dar cuenta de una creciente revisión de los marcos normativos y legales en la búsqueda de construir esta relación Estado-ciudadano bajo nuevos paradigmas (Nogeira, 2008). Ejemplo de estos esfuerzos son la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas, la ratificación de la convención de los derechos del niño y la niña, la ley de postnatal, las políticas para fortalecer la integración de las mujeres en el mundo laboral y el reconocimiento del derecho internacional, entre otros.

La política social se ha movido permanentemente de un estado de tensión entre el afrontamiento de los problemas estructurales desde una lógica lineal hacia una acción transformadora comprensiva de las crecientes realidades dinámicas de nuestra sociedad. El paradigma de la linealidad ha contribuido a conseguir la disminución de la pobreza, mayores niveles de alfabetización, mayores estándares de salud, entre otros. El paradigma de la acción transformadora comprensiva se encuentra en una etapa emergente, impulsada desde un creciente empoderamiento de la sociedad civil, por intermedio de los movimientos sociales que reclaman mayores espacios de participación y decisión en la construcción de la sociedad chilena.

Considerando este contexto histórico, hoy nos encontramos en un nuevo estado de complejidad, expresado por la demanda creciente de un nivel superior de necesidades de desarrollo: participación, empoderamiento, reconocimiento y ejercicio de derechos. El Estado Chileno ha sido, en parte, receptivo a la tensión descrita y a las dificultades que esta genera para el cumplimiento de los principios básicos que orientan la política social, esto es, la equidad, la participación social y el fortalecimiento de la ciudadanía. No obstante lo anterior, según Saavedra (2008) uno de los riesgos en la implementación de la política social es la materialización de acciones aisladas, impulsadas por departamentos con bajos niveles de coordinación o, definitivamente, la repetición de la lógica de antiguos programas, segmentados y consolidados en viejos paradigmas.

Incipientemente, en los últimos años, los gobiernos democráticos han reconocido esta nueva realidad; por ello, a partir del año 2005 se crea el sistema de Protección Social Chile Solidario con el objetivo de recoger las nuevas complejidades y de coordinar los diferentes programas sociales, a partir de una mirada integradora. No obstante lo señalado, algunos estudios recientes sobre la implementación y funcionamiento del Sistema de Protección Social (Galdames, 2007; Saavedra, 2008; Nun, 2009) dan cuenta de que, pese al avance que se ha logrado en temas de coordinación de los diferentes servicios sociales, aún existen problemas de coherencia y de fragmentación, sobre todo, en los espacios directos de intervención. Desde nuestro punto de vista, en el área de la intervención psicosocial esta cuestión se ha intentado solucionar a nivel operativo con la instalación de equipos multidisciplinarios que recojan la complejidad y aporten al afrontamiento de las problemáticas sociales a partir de una mirada más integradora. En este sentido, el dispositivo más reconocido es el de “duplas psicosociales” constituidas principalmente por trabajador social y psicólogo, quienes tienen el desafío de materializar este tipo de propuestas dirigidas al “usuario” de los distintos servicios sociales. Este dispositivo supone un nuevo tipo de comprensión de la complejidad social, pues considera distintos niveles de articulación y coherencia de los programas que lo soportan, así como una diversidad de paradigmas desde los cuales se interpreta la acción social.

El presente trabajo examina desde una mirada crítica la implementación de programas sociales en las áreas de infancia y abuso sexual infantil, develando las tensiones existentes en la construcción de los dispositivos de intervención social.

La tesis de este artículo es que la tensión entre la mirada lineal y holísitica tiene una lógica descendente/ascendente, esto es, la fragmentación de la intervención social está vinculada a la legitimación de compartimentos estancos en la línea paradigmática de la política social. Se culmina con el levantamiento de consideraciones finales e  interrogantes que servirán para continuar reflexionando sobre un tema de relevancia en la política social chilena.

2.    Antecedentes sobre la política social en infancia

Las discusiones sobre la promoción y resguardo de los derechos de la infancia son de larga data. Ligia Galviz (2009) en su artículo “La Convención de los Derechos del Niño 20 años después” realiza un detallado recorrido por los principales debates en torno al tema, mostrando que este ha sido una preocupación relevante a partir del reconocimiento de las permanentes vulneraciones de las que eran objeto niños y niñas en el siglo XIX. La autora señala que las primeras voces que se alzaron estuvieron en la literatura y la educación; obras de Dickens y Vallès dan cuenta de vivencias de sufrimiento y miseria de niños y niñas de la época, mismas vivencias que recoge Gabriela Mistral en Chile más de un siglo después. Llama la atención como en este recorrido los escritores, pedagogos y grupos específicos de la sociedad son quienes muestran mayor sensibilidad ante la cotidianeidad develada.

La ausencia del Estado y su incapacidad para recoger las necesidades de los grupos excluidos ha sido un testimonio permanente. Goicovic (2000) plantea que la responsabilización pública del Estado ante los problemas y demandas del mundo popular es reciente y, más reciente aún es la preocupación por la infancia. En Chile se remonta principalmente al abordaje de los problemas derivados de la organización económica del país en el contexto de la creciente producción salitrera en el año 1890 y posterior industrialización nacional. No obstante, estas acciones claramente no constituyeron, según Goicovic, política social, sino más bien, estrategias de control.

Por años, los temas en torno a la infancia fueron dejados de lado, olvidados o activamente silenciados. Jorge Rojas (2007) da cuenta de cómo las conclusiones obtenidas en los principales espacios de discusión, así como lo resuelto en el Congreso Panamericano del Niño (realizado en Lima en 1930), la Primera Convención de Maestros (efectuada en Buenos Aires en 1928) o los aportes de la conferencia de la Casa Blanca sobre salud y derechos del niño en 1930 tuvieron escasa difusión en los medios locales, logrando un nivel de resonancia notablemente menor que en otros países de América Latina. Desde esa época en adelante, el desafío ha sido constante; primero, se ha tratado de posicionar en el debate público el interés por la situación cotidiana de los niños, y segundo se ha buscado transformar estas ideas en políticas públicas. En las décadas siguientes, la recién inaugurada política pública se orientó a intervenir sobre áreas determinadas de la sociedad y/o grupos específicos que se encontraban en el borde de la organización social creada (los pobres, los sin casa, los jóvenes infractores de ley), sirviendo de contención a las demandas sociales y transformando viejas formas de poder en nuevas formas de poder, con otro rostro, pero con iguales objetivos.

Desde nuestro punto de vista, es en los años 90 y después de numerosos debates en el mundo sobre el reconocimiento de los Derechos Humanos fundamentales, que esta discusión resurge con fuerza tras la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), pues esto generó condiciones para pensar en un cambio relevante en torno a la representación de la infancia, al rol de la familia y del Estado en la promoción y aseguramiento del ejercicio de los derechos de niños y niñas.

La Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1989) es el primer instrumento internacional vinculante y ampliamente validado que tiene como propósito establecer el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos. Contiene 54 artículos que definen desde una cosmovisión diferente el tipo de relación de la sociedad con sus niños. En concreto, abarca cuatro grandes categorías: derechos a la supervivencia, a la protección, al desarrollo y a la participación.

El aporte fundamental de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) radica en plantear esta nueva cosmovisión desde un paradigma de derechos que entiende a la infancia no desde un estado de excepción, limitada por sus posibilidades biológicas, sociales, psicológicas o por cualquier otro factor de clasificación que tenga por objetivo crear categorías diferenciadas. Por el contrario, nos acerca a la representación de una infancia activa, participativa, con recursos y habilidades que deben ser potenciadas en los espacios relacionales cotidianos e institucionales. En específico, Galvis (2007) plantea que con la CDN se avanza en reconocer a los niños como titulares de derechos, así como en reafirmar la universalidad de los mismos y relevar el interés superior del niño frente a aquellos temas donde se tenga que tomar decisiones que los afecten directamente. Además, reconoce claramente la corresponsabilidad de la familia y el Estado en la generación de condiciones que permitan el respeto, resguardo, promoción y ejercicio de derechos y el establecimiento de mecanismos de vigilancia a nivel internacional que contribuyan a evidenciar avances y/o pedir cuenta a los países correspondientes en el caso que esto no se logre. Sin duda, lo propuesto por la CDN requiere de cambios profundos en la forma en la que nuestra sociedad se organiza en torno a este tema. La invitación no es a realizar cambios específicos, focalizados o en la superficie de las representaciones sociales, por el contrario, se trata de promover un cambio de sentido y de iniciar un camino con ideas nuevas que dejen atrás paradigmas anclados por siglos en las verdades colectivas que han estado en la de base de nuestro ordenamiento jurídico, institucional y cotidiano.

A partir de esto, las políticas sociales, entendidas según Grassi (Cabral, 2005) como un tipo de políticas estatales de intervención social que se orientan directamente a las condiciones de vida y reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales, tienen como primer desafío traducir la complejidad de los postulados de la CDN en orientaciones claras de donde se desprendan estrategias, programas, metodologías y haceres que transformen la relación existente entre la infancia, el mundo adulto y la hegemonía política, económica, social y cultural. Se trata de romper con la lógica descendente en la instalación de la política social para co-construir un espacio de intercambio en el que efectivamente se dialogue en torno a la generación de significados en este nuevo camino.

La Política Nacional a favor de la Infancia y Adolescencia 2001-2010 (MIDEPLAN, 2001) es producto de ese esfuerzo colectivo. Es el resultado de un proceso participativo entre diferentes actores sociales (tales como ONG, organizaciones públicas y privadas, niños y familias) en busca de conseguir un amplio consenso en cómo llevar a la práctica los postulados de la CDN. Quizás este constituye un primer punto de inflexión donde se rompe la verticalidad en el diseño de la política en infancia en Chile, para abrir por primera vez un espacio pequeño de participación a sus beneficiarios directos: los niños. La política nacional a favor de la infancia y adolescencia “…contiene las orientaciones éticas, valóricas y operativas, para disponer de un instrumento de planificación efectivamente intersectorial, que permita instalar en la gestión pública chilena una nueva forma de hacer política pública, con una perspectiva de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales…” (MIDEPLAN, 2001, pág. 1). Para ello aborda tres cuestiones que resultan esenciales: a) los principios rectores y orientadores sobre los cuales se deben fundar todas las iniciativas que se desarrollen en torno a la infancia, b) la visión a mediano plazo y c) las áreas estratégicas de intervención sobre las cuales se deben desplegar operativamente las propuestas que se generen a partir de este marco inicial. Entre los principios rectores centrales releva el reconocimiento del niño y niña como sujeto de derechos, estableciendo desde el primer momento este cambio de sentido que hemos venido planteando en páginas precedentes, en un intento de develar el núcleo prioritario del cambio que deberá verse reflejado en cada idea y acción posterior. El interés superior del niño se asume como principio fundamental a tener en cuenta en las decisiones que se tomen, tanto en el ámbito judicial, como en la política pública estatal o política pública con participación civil. Además, se asume con fuerza la corresponsabilidad como principio clave para asegurar el efectivo ejercicio de derechos, reconociendo el rol de la familia, el Estado y la sociedad en la generación de condiciones sociales que permitan el pleno desarrollo de la infancia.

En este mismo sentido, se establece que es la familia el grupo primario donde los niños y niñas deben vivir, crecer y desarrollarse, dejando atrás la idea de la familia incapaz y vulneradora, para entenderla como parte de un sistema social mayor, por lo que debe ser apoyada y acompañada cuando sus competencias para asegurar el ejercicio de derechos se vean sobrepasadas. Con respecto a la visión de futuro, se formula el horizonte hacia el que deben apuntar las políticas sociales y los resultados que se esperan de ella. También, invita a pensar un futuro en el que los niños sean sujetos plenos de derechos y sus derechos fundamentales estén garantizados, con infantes integrados socialmente y con condiciones familiares, educacionales y de salud que permitan su pleno desarrollo. Por otra parte, en las orientaciones sobre las áreas estratégicas de intervención del Estado, se prioriza la sensibilización, promoción y difusión de derechos, el fortalecimiento de la familia, la coordinación y desarrollo de la política pública con perspectiva de derechos, la instalación de servicios especiales para asegurar la protección integral de los derechos cuando exista amenaza de vulneración o efectivamente estos sean vulnerados y el fomento de la participación infantil.

Estamos de acuerdo en que uno de los primeros desafíos que enfrenta la política social en infancia tiene que ver con traducir la complejidad de los postulados de la CDN en orientaciones claras de las que se desprendan estrategias, programas, metodologías y haceres que transformen la relación existente entre la infancia, el mundo adulto y la hegemonía política, económica, social y cultural. El segundo desafío es, sin duda, lograr que su implementación responda claramente a los códigos, significados y orientaciones logradas en ese primer momento de consenso y se produzca un intercambio activo de experiencias, reflexiones y propuestas entre los distintos actores en el proceso de orientación-diseño-implementación-evaluación, que permita fortalecer su impacto en la vida cotidiana. La tensión que aquí se presenta puede estar mediada por diferentes factores de orden administrativo, técnico y/o político. En este sentido, Andrade y Arancibia (2010) concluyen que la implementación de la política social focalizada en Chile, entendida como aquella orientada a un grupo específico de niños, niñas y jóvenes que se encuentran en desiguales condiciones en el ejercicio de sus derechos o directamente vulnerados, se construye a partir de una lógica vertical descendente, donde la esfera pública es la encargada del diseño y la sociedad civil, principalmente, la responsable de su implementación. A partir de las conclusiones de los autores, es posible reconocer en esta forma de actuación una serie de dificultades que pueden limitar la búsqueda de coherencia, que se inician en la falta de discusión transversal durante las distintas etapas del proceso.

Si bien los resultados obtenidos por Andrade y Arancibia son restrictivos a la forma de implementación de las políticas focalizadas para la infancia en la relación entre actores del mundo público y privado, sus enunciados no son distintos a otros estudios señalados anteriormente que abordan los problemas de implementación de las políticas sociales en Chile (Galdames, 2007; Saavedra, 2008; Nun, 2009). De este modo, creemos que surgen como contraparte a los actores presentes en el diseño, los actores presentes en la ejecución, los que tendrán que recoger la complejidad, decodificarla y transformarla en prácticas cotidianas.

Galvis (2007) señala que desde la CDN el Estado debe asegurar el goce de derechos y esto obliga a que los programas y profesionales sean coherentes en la implementación de la política. Para quienes trabajan en primera línea, en la intervención en terreno, en el día a día de las familias chilenas, esto plantea el desafío de repensar las estrategias de intervención y reconceptualizar una dinámica profesional que comprenda este nuevo estadio interpretativo y, además, la complejidad de superar la fragilidad en la coordinación de los servicios.

3.    Relación entre la política social y la construcción de las prácticas profesionales   

Los estudios que abordan específicamente la construcción de las prácticas en torno a los derechos del niño en Chile son recientes y escasos, más aún si pensamos en su dimensión simbólica. Al revisar las últimas publicaciones realizadas en revistas ISI y SCIELO, nos encontramos con que el tema ha sido abordado principalmente desde el derecho, la medicina y la historia. No obstante, la pregunta sobre cómo se trabaja en la operacionalización de la CDN en los equipos psicosociales interdisciplinarios está plenamente vigente, más aún, considerando que es en este nivel donde la política social interactúa de manera directa con los ciudadanos. Para intentar un avance en este sentido, nos hemos propuesto revisar brevemente los resultados de dos investigaciones que en su génesis parten de una interrogante similar a la nuestra.

En el año 2012, Karam y San Martín desarrollan una investigación cualitativa cuyo objetivo fue “Develar el proceso de construcción metodológica desarrollado por equipos profesionales de Programas de Reparación de Maltrato y Abuso en la Infancia, para ejecutar intervenciones psicosociales con niños/as, adolescentes y familias”. Algunos resultados a los que llegaron las autoras pueden entregarnos pistas para enriquecer la discusión que venimos desarrollando. Ellas descubrieron que la construcción metodológica de las prácticas de intervención se realiza en la interacción entre tres componentes altamente relevantes al interior de los equipos: lineamientos gubernamentales, marcos institucionales y experiencia personal del profesional que realiza la intervención.

Los lineamientos gubernamentales son entendidos como aquellas orientaciones técnicas y administrativas entregadas por la institución de gobierno encargada de la implementación de la política, en este caso SENAME,  y cuyo objetivo es delimitar la forma específica que adquiere la intervención a través de un modelo de trabajo determinado. Esto quiere decir, que la intervención, en tanto diseño, está dada desde las instancias superiores de planificación del Estado, por lo que su labor es aportar un modelo concreto, mediante el cual se logre el cumplimiento de los objetivos y metas ahí propuestas. Los contenidos de los lineamientos gubernamentales entregan principalmente directrices operativas, tanto en el ámbito de los procedimientos administrativos como metodológicos. Si bien, los participantes del estudio dan cuenta de la posibilidad de realizar modificaciones, estas se refieren a pequeños ajustes dentro de la lógica del mismo esquema metodológico. Por su parte, los lineamientos institucionales son aquellos que entregan las propias entidades que tienen la responsabilidad de ejecutar estos modelos. En este estudio, se trata de instituciones privadas sin fines de lucro conocidas como instituciones colaboradoras del SENAME.

Los lineamientos institucionales conforman el segundo componente y pueden ser considerados como un correlato de las orientaciones que el Estado realiza a través del organismo respectivo. Las autoras proponen que se trata de otro participante en la construcción de la intervención, que se transforma en un actor activo en el fortalecimiento metodológico de los equipos, principalmente en la supervisión de sesgos que pudieran producirse en la intervención a partir de las propias subjetividades de los sujetos que intervienen.

Por otra parte, el tercer componente lo constituye la experiencia laboral de cada integrante del equipo. Según las autoras, esta experiencia se constituye en un elemento altamente valorado, pues permite a los profesionales estimar los niveles de eficacia de determinados enfoques frente a situaciones específicas de intervención. Es así como se van validando algunas aproximaciones teóricas sobre otras que no han presentado el mismo nivel de eficacia. Al mismo tiempo, esta experiencia va adquiriendo formas particulares, dependiendo de la profesión de origen del integrante del equipo, sea este trabajador social o psicólogo.

A partir de esta distinción, se observó que los psicólogos construyen un relato consistente en torno a la identificación de los elementos teóricos que forman parte de la construcción de sus prácticas de intervención con niños beneficiarios del programa. Por su parte, los trabajadores sociales identifican una diversidad de modelos y técnicas que, si bien buscan enriquecer el trabajo, en algunos casos se constituyen en una aproximación ecléctica que dificulta la conformación de una propuesta clara sobre la construcción realizada. Específicamente las investigadoras señalan que:


Karam y San Martín (2012) señalan que la construcción de las prácticas de intervención de los equipos psicosociales del programa es el resultado de una compleja resignificación del hacer, donde participan estos tres componentes principales: lineamientos gubernamentales, lineamientos institucionales y experiencia personal del profesional que realiza la intervención. A su vez, agregan que esta construcción se realiza en la interacción permanente entre distintas redes de conversaciones, tanto al interior del equipo como al exterior de este.

Si bien Karam y San Martín (2012) concluyen en su estudio que existe un reconocimiento claro de un marco comprensivo macro de derechos sobre el cual se fundamenta la construcción de las prácticas de intervención, es posible observar la existencia de al menos un elemento que, desde nuestro punto de vista, puede constituirse en obstaculizador importante al momento de vincular consistentemente la política social de infancia con la práctica desarrollada en el programa de intervención: la construcción metodológica que conduce a la acción profesional está fuertemente determinada por los lineamientos técnicos y administrativos entregados por los organismos gubernamentales que buscan entregar orientaciones que faciliten los procesos de aplicación, los cuales se centran casi exclusivamente en los aspectos metodológicos y financieros de la ejecución de la política (SENAME, 2012), relegando la discusión sobre los códigos, significados y alcances de la CDN al método, cuestión que a nuestro juicio resulta insuficiente para incentivar un debate profundo al interior del equipo ejecutor y de la dupla psicosocial que realiza la atención. Desde este punto de vista, la implementación puede verse debilitada en el proceso orientación-diseño-implementación-evaluación, específicamente en el paso de un estadio a otro, donde podría no estar necesariamente recuperándose el fundamento de cada etapa, sino entendiéndose como un fin en sí misma.

Por su parte, Gatica y Hess (2011), en una investigación desarrollada en la provincia de Ñuble en Chile, buscaron “Comprender la construcción social de la intervención/actuación psicosocial desde el discurso de Trabajadores/as Sociales y Psicólogos/as que se desempeñan en las áreas de Salud e Infancia”, en un intento por develar el proceso mediante el cual la intervención/actuación llega a configurarse de una manera determinada  e identificar los elementos que participan en su co-construcción. A diferencia de la investigación realizada por Karam y San Martín, que se focalizó en un tipo de programa específico, este estudio abordó el quehacer de profesionales insertos en diferentes tipos de programas de atención a la infancia, todos dependientes del Estado a través del SENAME de Chile.

Algunos resultados se vinculan claramente con nuestra discusión, en tanto reconocen que los elementos que permiten a los profesionales dar significado a las prácticas son los lineamientos institucionales (orientaciones gubernamentales), la experiencia personal en intervención y la formación profesional, asignando mayor relevancia y determinación a los dos primeros. Al igual que en los resultados de la investigación de Karam y San Martín, nuevamente aparecen los lineamientos institucionales como orientaciones relevantes de significación, tanto es así, que los participantes reconocen que esas directrices actúan estructurando gran parte del trabajo que realizan, en tanto, roles, funciones y metas. Así también, a partir de los resultados del estudio, es posible señalar que, quizás, el potencial más importante que estos lineamientos tienen en la configuración de la praxis, es la posibilidad de estructurar el tipo de discurso y redes de conversaciones en torno a lo que se hace y cómo se hace. Gatica y Hess lo plantean de la siguiente manera:


En consecuencia, desde nuestro punto de vista, los lineamientos gubernamentales se constituyen en uno de los puntos de articulación relevante de la política pública con los niveles operativos, pues entregan elementos que permiten a los profesionales encuadrar las acciones específicas de intervención, pero, al mismo tiempo, operan capturando fuertemente la discusión que los profesionales hacen en torno a la política.

4.    Consideraciones finales

Desde el Construccionismo Social de Gergen (2006) advertimos que la existencia de duplas psicosociales y del quehacer de intervención social en infancia en Chile es un dispositivo construido desde prácticas socioculturales. Así, la participación de los profesionales como operadores de la política social se logra a través de una pauta reiterativa de relación, cumpliendo una “función performativa”. Esto es, la especificidad de la intervención social en infancia se presenta como una forma de relación que caracteriza la tonalidad específica que se le otorga a la infancia en el contexto de actual política social.

A partir de los planteamientos de la Teoría del Observador de Maturana (2002), se puede inferir que los trabajadores sociales y psicólogos existen en un espacio de coherencia operacional con su circunstancia, en el entendido que salvaguardar una praxis dirigida a la infancia ocurre porque la dinámica estructural de los programas dirigidos a estos y las circunstancias esenciales que configuran la actividad lo permiten de esa manera. Esto es, la lógica aún descendente y lineal de la política social configura la práctica de los profesionales.

Siguiendo los planteamientos de la Construcción Social de la Realidad de Berger y Luckmann (1998), se puede advertir que la sociedad como realidad objetiva se ha introyectado fuertemente en los profesionales que realizan intervención social en infancia, sobre todo en lo relativo a ciertas dificultades de la participación y la articulación de acciones ascendentes, horizontales y holísticas en la intervención. Esto porque sus experiencias significativas previas se vinculan con instituciones fuertemente normatizadas y “vigiladas” desde un aparato estatal, que financia y monitorea la labor realizada en términos de lo observable y verificable mediante evidencias.

Según lo planteado por la Ontología del Lenguaje de Echeverría (1998), el sistema de protección a la infancia en Chile ha sido objeto de muchas “promesas”, presentes en la Convención de los Derechos del Niño, actos declarativos que no han sido debidamente cumplidos. Algunas de las promesas efectuadas se vinculaban con la generación de una política social que atendiera profundamente las necesidades de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y fortaleciera al adulto responsable y figura de apego del niño. Hoy, podemos observar que la intervención en infancia no provee de lo suficiente para empoderar a la familia y educarla para hacerse cargo de los niños. Al contrario, se ha extendido el mecanismo de separar al niño de su familia y cuestionar severamente las “competencias” de esta para hacerse cargo, ignorando lo que teóricamente se ha estudiado con respecto de la necesidad de un cuidador único y de la rentabilidad social que se logra cuando se interviene en una familia, logrando su pleno desarrollo social.

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